*Cómo antecedente relevante, apenas este mes de enero en el municipio de Las Choapas, el ORFIS acudió a inspeccionar la obra de electrificación con paneles solares financiada con recursos del FOTEASE. Encontraron —o no quisieron ver— paneles sin conexión, sobreprecios, documentación irregular y firmas presuntamente falsificadas y aun así, los trabajos fueron avalados.
*Si eso no ameritó sanciones, el mensaje implícito es escalofriante: La fiscalización existe, pero no necesariamente para corregir.
Álex Cazarín
Las Choapas.— La gobernadora Rocío Nahle García solicita a la Auditoría Superior de la Federación revisar observaciones por 4 mil 400 millones de pesos en la Cuenta Pública 2024. El mensaje pretende proyectar firmeza, cero tolerancia y una nueva etapa de vigilancia financiera.
El problema es que, en Las Choapas, esa narrativa ya no es creíble debido a la manera en que los órganos auditores se han manejado en días pasados: aquí ya “revisaron”… y no pasó nada.
Cómo antecedente relevante, apenas este mes de enero en el municipio de Las Choapas, el ORFIS acudió a inspeccionar la obra de electrificación con paneles solares financiada con recursos del FOTEASE. Encontraron —o no quisieron ver— paneles sin conexión, sobreprecios, documentación irregular y firmas presuntamente falsificadas y aun así, los trabajos fueron avalados.
La dirección del plantel CBTIS 113, refirió a las autoridades municipales que estos no quisieron dejar documentos de su arribo y trabajo, aunque sí hay archivos fotográficos que confirman su presencia en esa obra.
Ese antecedente convierte cualquier llamado a auditoría en un acto que genera más sospecha que confianza. Si el órgano estatal validó anomalías visibles, ¿qué garantía existe de que la revisión federal no termine archivada entre tecnicismos y plazos administrativos?
Entre los municipios con observaciones aparece Las Choapas, encabezado en su momento por Mariela Hernández García, hoy integrante del gabinete estatal. No es un detalle menor.
La fiscalización, cuando alcanza a aliados políticos, enfrenta una prueba de credibilidad: demostrar que no distingue entre adversarios y cercanos.
Sin embargo, el historial reciente apunta en sentido contrario. En el municipio se cuestiona cómo una obra con inconsistencias técnicas y financieras evidentes fue validada sin consecuencias. Todos los choapenses lo sabemos, y sabemos de más anomalías durante el gobierno de la 4T.
Pero en Las Choapas todavía nos preguntamos: ¿Dónde están los 8 millones faltantes de los paneles solares?
No se trata de una auditoría compleja ni de triangulaciones internacionales. Se trata de estructuras instaladas que no funcionan, documentos que no coinciden y firmas que nadie reconoce. Hasta ahora falta confirmar dónde está el dinero supuestamente invertido pues el Ayuntamiento actual no los encuentra.
Si eso no ameritó sanciones, el mensaje implícito es escalofriante: La fiscalización existe, pero no necesariamente para corregir.
El anuncio de nuevas revisiones debería generar certidumbre. En cambio, produce escepticismo. La ciudadanía observa cómo las irregularidades locales se diluyen mientras se prometen investigaciones de gran escala.
La pregunta no es si la ASF investigará. La pregunta es si habrá consecuencias cuando los nombres involucrados formen parte del mismo proyecto político.
En teoría, la fiscalización es un mecanismo técnico. En la práctica, puede convertirse en escenografía: visitas sin actas, observaciones sin sanción, expedientes que duermen hasta perder relevancia pública.
Las Choapas ya conoce ese guion.
Por eso, el anuncio estatal no se recibe como esperanza, sino como déjà vu administrativo. Está en juego la credibilidad de un sistema que promete vigilar, pero que —al menos en este municipio— ya demostró su disposición a mirar hacia otro lado.
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