En Las Choapas hay un tema que, lejos de colores partidistas, es bastante grave y que aún no se dimenciona del todo por la población local. Y mientras pasa, las decisiones del Gobierno del Estado generan cada vez más dudas.
Hace apenas unas semanas, un hecho alarmó a la población: una vivienda fue atacada a balazos. La casa pertenecía a una persona que se encontraba bajo arraigo por delitos graves. Aquella noche, vecinos reportaron detonaciones y momentos de tensión, la Policía Municipal llegó al lugar pero fueron “corridos” por los elementos policiacos del estado. Sin embargo, según denunció posteriormente el alcalde Jesús Uribe Esquivel, la versión oficial intentó minimizar o incluso negar lo ocurrido.
Nota Roja Digital Sureste, cubrió la noticia y en el lugar, quedó grabado el momento en que un oficial de la policía estatal negó lo sucedido y se retiró, minutos después confirmamos los hechos conevidencia, casquillos, impactos en la barda de la vivienda.
El presidente municipal reiteró que elementos de la Policía Estatal señalaron que los reportes de disparos eran falsos. Pero la polémica no terminó ahí. Uribe Esquivel sostiene que durante ese episodio también se lanzó una advertencia: que la Policía Municipal sería desarmada.
Muchos pensaron que se trataba de una amenaza lanzada al calor de la confrontación institucional. No fue así.
El pasado 29 de mayo, elementos estatales llegaron y ejecutaron el desarme de la corporación municipal.
¿Por qué?
Mientras los ciudadanos observan cómo se retiran las armas a los policías locales, y es cierto, inservibles, viejas, pero esas son las que fueron usadas por los mismos policías por años e incluso en la pasada administración morenista. Sin embargo, la delincuencia no parece haber recibido el mismo trato. La percepción en las calles es otra. Los resultados que espera la población siguen ausentes.
La administración castigada no fue la que dejó un desastre en Las Choapas, la que dijo que dejó cinco patrullas y que, en enero, documentamos que solo había una activa y otra desvielada; donde dijeron que cinco motopatrullas pero solo se encontraron dos y tres en el deshuesadero. La que fue castigada fue la que colocó puestos de vigilancia en las entradas de la ciudad y entregó ocho patrullas del bolso del alcalde así como la rehabilitación de la corporación.
Si la estrategia es combatir al crimen, los habitantes quieren ver operativos contundentes contra quienes generan violencia, no patrullajes limitados con dos unidades estatales recorriendo sectores dispersos de un municipio extenso y complejo,con la extensión territorial más grande de Veracruz. Los ciudadanos quieren conocer detenciones relevantes, desarticulación de células delictivas, investigaciones exitosas y órdenes de aprehensión cumplidas contra objetivos prioritarios.
Lo que observan, son acciones que terminan enfocadas en infractores menores o personas detenidas por conductas consideradas sospechosas, mientras los problemas de fondo permanecen.
El desarme de la Policía Municipal no se produjo en un vacío. Ocurrió después de una confrontación pública entre autoridades municipales y estatales. Ocurrió después de señalamientos sobre un presunto intento de desacreditar reportes ciudadanos. Y ocurrió en una ciudad que exige seguridad, no disputas entre gobiernos.
Porque al final, la ciudadanía no evalúa discursos ni comunicados. Evalúa resultados.
¿La prioridad era desarmar a la Policía Municipal o combatir a quienes mantienen a la población viviendo entre el miedo y la incertidumbre? De nuevo: ¿Cuál es el plan del estado para Las Choapas? ¿Desarmar a la policía que sí está dando resultados y armar a los criminales?
