*Zenyazen Escobar no era un político cualquiera, pasó de maestro y dirigente magisterial a convertirse en uno de los personajes de mayor influencia durante el gobierno de Cuitláhuac García.
*Durante su gestión en la Secretaría de Educación de Veracruz fueron cuestionados más de 200 contratos otorgados a empresas de reciente creación o señaladas por irregularidades. Algunos recuentos periodísticos ubican en más de 200 millones de pesos el conjunto de esas contrataciones. A ello se sumaron cuestionamientos por obras y recursos de la época cuitlahuista, señalamientos sobre proveedores, presuntos prestanombres y, recientemente, el episodio del yate “Squalo”.
*Zenyazen ya no tenía detrás al mismo gobierno que lo llevó a la cima, Cuitláhuac García dejó Veracruz y el escenario político cambió. Los grupos se reacomodan, las lealtades caducan y los expedientes que durante un sexenio permanecen convenientemente dormidos pueden adquirir otro valor cuando cambia quien controla el escritorio.
Álex Cazarín
Nota Roja.— La muerte del diputado federal Zenyazen Escobar tiene demasiadas sombras como para que Veracruz se conforme con una explicación apresurada. A pocas horas de que su cuerpo fuera localizado dentro de un vehículo en Puente Nacional, comenzó a circular la posibilidad del suicidio. Ricardo Ahued, Secretario de Gobierno descartó preliminarmente un atentado porque no se observaron agresiones externas contra el automóvil, pero ni la Fiscalía estatal ni la FGR han establecido públicamente, hasta ahora, una conclusión definitiva. La propia FGR decidió atraer la investigación por tratarse de un legislador federal.
Y ahí debe comenzar todo: investigando, no cerrando.
Porque Zenyazen Escobar no era un político cualquiera, pasó de maestro y dirigente magisterial a convertirse en uno de los personajes de mayor influencia durante el gobierno de Cuitláhuac García.
Fue diputado, secretario de Educación y nuevamente legislador federal; prácticamente Zenyazen conoció las entrañas del poder veracruzano y manejó una dependencia por la que circularon miles de millones de pesos.
Precisamente allí quedó una estela que jamás terminó de aclararse satisfactoriamente y eso es peligroso aquí y en China.
Durante su gestión en la Secretaría de Educación de Veracruz fueron cuestionados más de 200 contratos otorgados a empresas de reciente creación o señaladas por irregularidades. Algunos recuentos periodísticos ubican en más de 200 millones de pesos el conjunto de esas contrataciones. Cuando el tema volvió a explotar públicamente, Zenyazen se deslindó y trasladó la responsabilidad administrativa hacia la Oficialía Mayor.
Fue la vieja confiable de la administración pública mexicana: cientos de contratos pasan frente a todos, pero cuando llega el momento de explicar quién decidió, quién autorizó y quién se benefició, aparentemente nadie vio nada.
A ello se sumaron cuestionamientos por obras y recursos de la época cuitlahuista, señalamientos sobre proveedores, presuntos prestanombres y, recientemente, el episodio del yate “Squalo”.
Una investigación de la periodista Claudia Guerrero Martínez, publicada el 1 y 2 de junio de 2026 en Periodico Veraz, Revista Semblanza y reproducida por Plumas Libres, afirmó que, según información atribuida a fuentes de Capitanía de Puerto, el yate matrícula 3002A195144P, había pertenecido a Carlos Ronaldo Cipriano Mawcinitt Bueno y que posteriormente existió un contrato privado de compraventa a nombre de Reyna García López.
La autora sostuvo además que García López era una presunta prestanombre de Zenyazen Escobar. Pero precisamente eso es lo que vuelve indispensable revisar su entorno patrimonial, político y empresarial después de su muerte.
No porque automáticamente exista un homicidio, mucho menos porque pueda afirmarse una ejecución, sino porque cuando muere violentamente un personaje que acumuló poder y cuyo paso por el gobierno estuvo rodeado de cuestionamientos sobre dinero público, limitar una investigación a la mecánica del disparo sería una irresponsabilidad.
Hay que revisar teléfonos, últimos contactos, movimientos bancarios, reuniones, desplazamientos, cámaras, mensajes y conflictos recientes. También tendría sentido determinar si alguno de los expedientes administrativos o financieros relacionados con la SEV podía representar actualmente un riesgo político, económico o judicial para alguien.
Zenyazen ya no tenía detrás al mismo gobierno que lo llevó a la cima, Cuitláhuac García dejó Veracruz y el escenario político cambió. Los grupos se reacomodan, las lealtades caducan y los expedientes que durante un sexenio permanecen convenientemente dormidos pueden adquirir otro valor cuando cambia quien controla el escritorio.
El diputado aparentemente no atravesaba una decadencia pública evidente, aún conservaba una diputación federal, influencia política y una posición económica privilegiada. Eso, por sí mismo, no permite descartar un suicidio, porque sería absurdo pretender diagnosticar la vida privada de alguien observando su cartera o su cargo, pero su posición sí obliga a preguntarse qué estaba ocurriendo alrededor suyo.
Había acumulado información. Había conocido decisiones internas del gobierno de Cuitláhuac, había encabezado una de las dependencias con mayor presupuesto del estado y sobre aquella administración permanecen cuestionamientos cuya dimensión apenas empezó a conocerse después de que dejaron Palacio de Gobierno.
Un exfuncionario con información puede ser un aliado mientras existe un mismo proyecto político, pero cuando ese proyecto se fragmenta, puede convertirse también en un problema.
Antecedentes negros de los
incómodos dentro de Morena
México, además, ofrece antecedentes recientes que impiden tratar estas situaciones con ingenuidad. Apenas en agosto fueron identificados en una fosa clandestina de Baja California Sur los restos de Carlos Alberto Beltrán Olmeda, quien había sido asesor político de Rubén Rocha Moya.
Las autoridades no han establecido públicamente que su asesinato haya sido ordenado por Morena ni existe base para sostener semejante conclusión, pero el caso forma parte de un contexto nacional donde política, investigaciones criminales y antiguas redes de poder se encuentran peligrosamente cerca.
También sería ingenuo prohibirse siquiera analizar la posibilidad de que los procesos de depuración política, las investigaciones y las disputas internas generen víctimas o silencios alrededor de quienes conocen demasiado.
Zenyazen cargaba con escándalos suficientes para que su muerte sea investigada mucho más allá de determinar quién accionó un arma.
Si efectivamente se trató de un suicidio, la investigación científica terminará por sostenerlo: trayectoria del proyectil, residuos de disparo, posición del arma, huellas, necropsia, cámaras, telefonía y contexto previo. Pero si algo no encaja, el estado tiene la obligación de seguir todas las líneas.
También las incómodas. Digo, porque los muertos, convenientemente, ya no comparecen ante el ORFIS, no responden preguntas, no entregan conversaciones y tampoco señalan quién estaba realmente detrás de los negocios que ocurrieron mientras ellos ocupaban el despacho. Nomás digo.
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