Esta vez, la Cuenta Pública 2025 puso sobre la mesa observaciones del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), exhibe 33 millones 112 mil 093.36 pesos en cuentas por cobrar pendientes de recuperación o depuración en el Tecnológico de Las Choapas.
*Qué pasó con ese dinero y qué tiene que ver el uso de esta institución educativa como instrumento de movilización política al servicio de Morena.
*¿Cuántos estudiantes y trabajadores fueron movilizados hacia actos políticos durante las campañas electorales? ¿Quién organizó esos traslados? ¿Se utilizaron vehículos, recursos o tiempos laborales de la institución? ¿Existieron listas de asistencia, amenazas o condicionamientos? ¿Alguna autoridad educativa investigó las denuncias?
En Opinión de Álex Cazarín
Las Choapas.— El Instituto Tecnológico Superior de Las Choapas vuelve a ocupar los espacios informativos por sus problemas financieros. Esta vez, la Cuenta Pública 2025 puso sobre la mesa observaciones del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), exhibe 33 millones 112 mil 093.36 pesos en cuentas por cobrar pendientes de recuperación o depuración en el Tecnológico de Las Choapas, además de una diferencia de 60 millones 791 mil 432.24 pesos entre el presupuesto originalmente aprobado y el gasto devengado.
Los números son preocupantes y requieren explicaciones, pero hay un problema que considero todavía más delicado y que ninguna revisión contable parece dispuesta a investigar: Qué pasó con ese dinero y qué tiene que ver el uso de esta institución educativa como instrumento de movilización política al servicio de Morena.
Durante 2025, en Nota Roja Digital Sureste tuvimos conocimiento de denuncias provenientes del interior del Tecnológico. Los testimonios, cuya identidad mantuvimos bajo reserva ante el temor de represalias donde publicamos las voces de profesores que confirmaban que no había pago de quincena porque y literal «usaban el dinero para la campaña de Morena», describían un ambiente de presiones laborales, inconformidades salariales y señalamientos relacionados con la participación en actos partidistas.
Entre los señalamientos destacaba la presunta presión para acudir a mítines de Morena, así como ofrecimientos de transporte vinculados con la movilización de estudiantes pero que eran 100% dedicados a inflar cifras de «asistentes», cuando estos eran estudiantes, es decir, usar el dinero de la institución para otros fines. No se trataba solamente de simpatías políticas individuales, sino de denuncias sobre una estructura institucional que habría sido utilizada para favorecer la asistencia a eventos partidistas.
Porque una cosa es que un profesor, estudiante o trabajador simpatice libremente con Morena, el PAN, el PRI o cualquier organización política, y otra muy distinta es que alguien aproveche su posición de autoridad dentro de una escuela pública para presionar a otros a participar.
La educación no puede convertirse en moneda de cambio para demostrar lealtades políticas.
Aquí aparece una responsabilidad que tiene nombre y apellido: Francisco Córdoba Montero, cuñado de Esteban Ramírez Zepeta y director general del Instituto Tecnológico Superior de Las Choapas. No porque las acusaciones estén judicialmente demostradas en su contra, sino porque quien encabeza una institución tiene la obligación de explicar qué ocurre bajo su administración y garantizar que nadie utilice las relaciones de autoridad académica o laboral con fines partidistas.
Su trayectoria tampoco puede analizarse al margen de la política veracruzana. Desde 2018, distintas publicaciones periodísticas lo han identificado como cuñado de Esteban Ramírez Zepeta, dirigente estatal de Morena. Pero ante las denuncias de proselitismo resulta indispensable saber si ha existido una separación efectiva entre la administración educativa y los intereses del partido.
Y es que sería verdaderamente grave que una institución cuya misión es formar profesionistas independientes terminara enseñándoles, en la práctica, que las oportunidades dependen de obedecer al poder político.
Hay un detalle especialmente revelador. El pasado 10 de septiembre de 2026, la Gaceta Oficial de Veracruz publicó el Código de Conducta del propio Tecnológico de Las Choapas, acompañado de un mensaje firmado por Córdoba Montero en el que se reivindican la transparencia, la integridad, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos.
Resulta entonces legítimo preguntar si esos principios también se han respetado cuando aparecen denuncias de presiones para asistir a eventos políticos. Porque elaborar un código de conducta es relativamente sencillo; lo complicado es demostrar que sus principios se aplican incluso cuando resultan incómodos para quienes ejercen el poder.
Por eso, las observaciones financieras del ORFIS no deberían cerrar la discusión, sino ampliarla.
¿Cuántos estudiantes y trabajadores fueron movilizados hacia actos políticos durante las campañas electorales? ¿Quién organizó esos traslados? ¿Se utilizaron vehículos, recursos o tiempos laborales de la institución? ¿Existieron listas de asistencia, amenazas o condicionamientos? ¿Alguna autoridad educativa investigó las denuncias?
Estas preguntas no constituyen sentencias. Son cuestionamientos que merecen respuestas documentadas y una investigación independiente, con garantías para que cualquier estudiante o trabajador pueda declarar sin temor a represalias.
Y no basta con que la dirección del plantel niegue las acusaciones, si esa fuera su postura. Corresponde a las autoridades educativas y de control investigar, revisar la evidencia disponible y determinar si hubo responsabilidades.
Tampoco se trata de desacreditar a los docentes que cumplen con su trabajo ni a los jóvenes que diariamente se esfuerzan por obtener un título profesional. Precisamente por ellos es necesario exigir una institución que no confunda la educación pública con los intereses de quienes temporalmente ocupan cargos políticos.
El Tecnológico de Las Choapas no le pertenece a su director, a Morena ni a ningún dirigente estatal porque para allá van rumbo a 2027, a volver a usar a los estudiantes como carne de cañón políticos. Es una institución pública sostenida para servir a la sociedad.
El ORFIS puede revisar presupuestos, obligaciones fiscales y registros contables. Pero alguien tiene que revisar también las denuncias sobre el ejercicio del poder dentro del plantel.
Porque si se comprueba que estudiantes y trabajadores fueron presionados para asistir a mítines, no estaremos hablando solamente de una falta administrativa. Estaremos frente a una práctica que compromete la libertad política, la dignidad laboral y la autonomía de una comunidad educativa.
Y entonces habrá que preguntar no solamente quién dio las órdenes, sino quiénes las conocieron, quiénes permitieron que continuaran y por qué nadie intervino.
Una escuela pública debe formar profesionistas, no fabricar multitudes para los mítines.
En Opinión de Álex Cazarín
Nota Roja Digital Sureste
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